Una sentencia contra la redada

El 22 de diciembre de 2008, el High Court de Kampala dictó una sentencia que casi nadie esperaba en Uganda. La jueza Stella Arach dio la razón a Victor Mukasa e Yvonne Oyoo, que habían demandado al Estado. Era la primera vez que personas queer de Uganda llevaban a las autoridades ante los tribunales. Y ganaron.

Los antecedentes se remontan a 2005. En julio, cargos locales irrumpieron sin orden de registro en la casa de Mukasa. Mukasa había cofundado Sexual Minorities Uganda y era una de las voces más conocidas del movimiento. Los hombres revolvieron las habitaciones y se llevaron documentos.

La más afectada fue Yvonne Oyoo, una estudiante de Kenia que estaba de visita. Fue detenida y llevada a la comisaría. Allí tuvo que desnudarse y fue manoseada, supuestamente para determinar su sexo. Más tarde quedó libre sin cargos.

Mukasa se exilió temporalmente en Sudáfrica. De vuelta en Uganda, los dos acudieron a los tribunales. El tribunal constató que se habían vulnerado sus derechos a la libertad, la dignidad y la intimidad, así como la protección frente a tratos inhumanos. La jueza se apoyó también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Convención de la ONU sobre los derechos de la mujer. Responsabilizó al Estado, aunque la redada había partido de funcionarios locales. Ambos recibieron una indemnización.

Las organizaciones de derechos humanos celebraron la decisión como una señal: los derechos fundamentales de la Constitución ugandesa rigen para todas las personas, también para las queer. La sentencia no cambió nada de la prohibición de la sexualidad entre personas del mismo sexo. Pero mostró que los tribunales no miraban simplemente hacia otro lado.

Lo valioso que era eso quedó claro pronto. Menos de un año después había en el Parlamento un proyecto de ley que preveía incluso la pena de muerte por homosexualidad. Mukasa vive hoy en Estados Unidos, donde obtuvo asilo en 2013.