Un informe suizo contra la exclusión

El 29 de abril de 2010, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa debatió en Estrasburgo sobre la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Al final del día estaba la Resolución 1728. Era una señal clara para los entonces 47 Estados miembros, de Islandia a Azerbaiyán.

El informe procedía de Suiza. Lo había redactado el consejero nacional socialdemócrata de Zúrich Andreas Gross para la comisión jurídica de la Asamblea. Su diagnóstico era desalentador. Lesbianas, gays, bisexuales y personas trans sufrían en muchos países de Europa prejuicios, violencia y exclusión. En algunos Estados se prohibían actos del Orgullo o se impedía trabajar a asociaciones.

La resolución exige leyes contra la discriminación y recursos eficaces para las personas afectadas. Critica los discursos de odio, también de políticos y dignatarios religiosos, y subraya que acabar con la homofobia y la transfobia requiere sobre todo voluntad política. La Asamblea pidió además garantizar la libertad de reunión y de expresión para las personas queer.

El texto fue especialmente lejos en los derechos de las personas trans. Deben recibir documentos oficiales que correspondan a su género vivido. Y ello sin esterilización previa ni otras intervenciones médicas. En 2010 era una exigencia notable, porque en muchos países, también en Suiza y Alemania, regía entonces lo contrario. Al mismo tiempo, la resolución exigía acceso a tratamientos de reasignación de sexo para todas las personas que los deseen.

Una resolución así no es jurídicamente vinculante. Pero creó un criterio al que desde entonces se remiten tribunales, parlamentos y organizaciones. Unas semanas antes, el Comité de Ministros del Consejo de Europa había aprobado ya una recomendación en la misma dirección. Sin embargo, todavía pasarían años hasta que la esterilización obligatoria desapareciera en la mayoría de los países europeos.