El Consejo de Europa refuerza los derechos de las personas trans

El 22 de abril de 2015, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa lanzó en Estrasburgo una señal clara. Por amplia mayoría aprobó la resolución «Discriminación contra las personas transgénero en Europa». Con ello, un órgano en el que se sientan diputados de más de cuarenta países exigía la igualdad jurídica y social de las personas trans.

El texto recogía lo que muchas personas afectadas vivían desde hacía años. Las personas trans sufren en Europa una amplia discriminación, en el trabajo, en la búsqueda de vivienda, ante los tribunales y en la sanidad. A menudo son objeto de discursos de odio, acoso y violencia.

La Asamblea fue especialmente lejos en el cambio de nombre y de mención del sexo. Los Estados miembros debían crear procedimientos rápidos, transparentes y accesibles basados en la autodeterminación. La resolución rechazaba como requisito la esterilización, el divorcio forzoso o un diagnóstico psiquiátrico. Además, la identidad trans debía dejar de considerarse una enfermedad mental, sin que se perdiera el acceso al tratamiento médico. Y los Estados debían examinar si los documentos de identidad necesitaban una tercera opción de género.

La ponente fue la diputada maltesa Deborah Schembri. Su país había aprobado pocas semanas antes una de las leyes de identidad de género más avanzadas del mundo. Aun así, en Estrasburgo no faltó la oposición. Diputados conservadores intentaron eliminar reivindicaciones centrales con enmiendas.

Una resolución así no es jurídicamente vinculante. Aun así, tuvo efecto. Organizaciones de toda Europa invocaron el texto, y varios países han adaptado desde entonces sus leyes en esa dirección. En Suiza, desde 2022 basta una simple declaración ante el registro civil; Alemania siguió en 2024 con la ley de autodeterminación.

Para muchas personas trans, la resolución significó sobre todo una cosa: la confirmación oficial de que sus derechos son derechos humanos.