Una Constitución que nombra a las personas queer

El 16 de septiembre de 2015, la Asamblea Constituyente aprobó en Katmandú la nueva Constitución de Nepal. Durante siete años, el país había luchado por ella; una primera asamblea había fracasado en la tarea, y solo los devastadores terremotos de aquella primavera volvieron a sentar a la mesa a los partidos enfrentados. Cuando se conoció el resultado, la sala estalló en aplausos. Cuatro días después, el texto se promulgó solemnemente.

Para las personas queer, ese día había mucho en juego, y obtuvieron mucho. La Constitución nombra expresamente a las «minorías sexuales y de género». Un artículo prohíbe su discriminación por parte del Estado y las autoridades. Un segundo permite inscribir en el documento de ciudadanía la identidad de género autodeterminada. Un tercero garantiza la participación en los cargos públicos según el principio de inclusión. Ningún otro país de Asia lo había hecho hasta entonces, y en el mundo solo lo habían logrado unos pocos, entre ellos Sudáfrica y Ecuador.

No era nada obvio. Es cierto que el Tribunal Supremo había ordenado ya en 2007 la igualdad de trato y había reconocido un tercer género, pero una sentencia no es una Constitución. Que las formulaciones decisivas llegaran al texto fue sobre todo obra de la Blue Diamond Society, que durante años asesoró a diputados, presentó estudios y organizó talleres en todo el país. Su directora, Manisha Dhakal, dijo después que ya nadie podría excluir a la comunidad de la vivienda, la educación, el trabajo o la atención sanitaria.

Quedó una laguna. Del matrimonio, el texto no decía ni una palabra, y el Código Civil que entró en vigor más tarde lo definía expresamente como la unión de un hombre y una mujer. Solo en 2023 ordenó el Tribunal Supremo un registro provisional de las parejas del mismo sexo.