Un tribunal mantiene la prohibición del sexo entre hombres

El 16 de febrero de 2024, la jueza Esco Henry anunció en el High Court de Kingstown una sentencia que la comunidad queer del Caribe esperaba con expectación. El resultado no fue el deseado. Los artículos 146 y 148 del Código Penal de San Vicente y las Granadinas, que castigan el sexo consentido entre hombres con hasta diez años de prisión, siguen vigentes.

Habían demandado en 2019 dos vicentinos gays que habían dejado su país. Javin Johnson obtuvo asilo en Gran Bretaña en 2017 porque no podía vivir abiertamente en el archipiélago. Sean Macleish vivía en Chicago y deseaba poder volver con su pareja sin miedo. Ambos argumentaban que las leyes de la época colonial vulneraban sus derechos a la intimidad, la libertad y la protección contra la discriminación. Les apoyaba la organización local de VIH VincyCHAP, que más tarde se sumó al procedimiento.

La jueza lo vio de otro modo. Como los hombres vivían desde hacía años en el extranjero, carecían de legitimación. La prohibición interfería ciertamente en la libertad de expresión, pero estaba justificada por la salud y la moral públicas. Para colmo, cada uno de los demandantes tuvo que pagar al Estado 7500 dólares del Caribe Oriental en costas.

La sentencia iba a contracorriente de la evolución regional. Tribunales de Belice, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves y Barbados habían tumbado antes prohibiciones similares. ONUSIDA se mostró preocupada por las consecuencias para la salud de las personas afectadas, porque la criminalización aleja a la gente de las pruebas y el tratamiento del VIH.

La evolución siguió siendo contradictoria. Pocas semanas después, un tribunal de Dominica tumbó la prohibición de ese país, y en 2025 le siguió Santa Lucía. Ese mismo año, en cambio, un tribunal de apelación de Trinidad y Tobago anuló la sentencia de principio de 2018. El Caribe sigue siendo un mosaico.