Una opinión consultiva a favor del matrimonio igualitario
Una opinión de San José exige el matrimonio igualitario y refuerza a las personas trans. Con consecuencias mucho más allá de Costa Rica.
El 9 de enero de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó en San José una opinión consultiva que sigue teniendo efecto en América Latina. Su mensaje central: los Estados que se han adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos deben abrir a las parejas del mismo sexo todas las instituciones jurídicas existentes, también el matrimonio.
El procedimiento lo había impulsado precisamente Costa Rica. Casi dos años antes, el gobierno pidió a la Corte que aclarara dos cuestiones: ¿qué derechos corresponden a las parejas del mismo sexo? ¿Y cómo debe tratar el Estado a las personas cuyo nombre y documentos no coinciden con su identidad de género? Llegaron unas noventa observaciones escritas, y después hubo una audiencia pública.
La respuesta fue más clara de lo esperado. Según la Corte, las personas trans tienen derecho a adecuar su nombre y su registro de género mediante un procedimiento rápido, en lo posible gratuito y sin certificados médicos ni psicológicos. En cuanto a los derechos de pareja, la Corte fue mucho más allá de la pregunta inicial sobre derechos patrimoniales: las familias de parejas del mismo sexo merecen la misma protección que todas las demás. Una solución especial solo para ellas no basta; dos tipos de uniones formales son inadmisibles. Solo un juez discrepó en este punto.
Formalmente, la opinión lleva la fecha del 24 de noviembre de 2017, pero no se hizo pública hasta ese día de enero. Irrumpió en plena campaña presidencial de Costa Rica y dividió al electorado. Aun así, tuvo efecto. En agosto de 2018, la Sala Constitucional del país declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio, apoyándose en la opinión. El Parlamento dejó pasar el plazo fijado de dieciocho meses. Así, en mayo de 2020, Costa Rica se convirtió en el primer país de Centroamérica con matrimonio igualitario. También la Corte Constitucional de Ecuador se había apoyado un año antes en la decisión de San José.