El pueblo dice no y el Parlamento, aun así, sí

El 24 de noviembre de 2018, millones de personas acudieron a las urnas en Taiwán. En principio se trataba de elecciones locales. Pero en la papeleta había también diez preguntas de referéndum, y la mitad de ellas afectaban a los derechos de las personas queer.

El impulso lo habían dado grupos cristianos conservadores. Querían frenar una sentencia del Tribunal Constitucional que en la primavera del año anterior había decidido que excluir a las parejas del mismo sexo del matrimonio vulneraba la Constitución. El Parlamento tenía dos años para corregirlo. Los opositores llevaron tres propuestas a las urnas. Querían limitar el matrimonio en el Código Civil a hombre y mujer y mantener los temas queer fuera de la enseñanza escolar. Las y los activistas respondieron con dos propuestas propias.

La campaña fue dura. Circulaban rumores sobre supuestas consecuencias del matrimonio igualitario, y los opositores recibieron apoyo de organizaciones estadounidenses como la National Organization for Marriage. El resultado fue claro. Cerca de dos tercios rechazaron abrir el matrimonio en el Código Civil, y todas las propuestas conservadoras se aprobaron. Amnistía Internacional habló de un duro revés para los derechos humanos.

Pero la votación no cambió nada de la sentencia constitucional. El plazo del tribunal seguía corriendo. Por eso, el gobierno eligió una vía intermedia: no modificar el Código Civil, sino una ley propia para las parejas del mismo sexo. En mayo de 2019, justamente en el Día Internacional contra la Homofobia, el Parlamento la aprobó. Taiwán se convirtió así en el primer país de Asia en el que dos hombres o dos mujeres pueden casarse.

La diputada Yu Mei-nu, que había luchado durante años por la igualdad, escribió más tarde que la campaña del referéndum había dividido profundamente a la sociedad. Taiwán era a la vez el único país que había recorrido los tres caminos: tribunal, referéndum y Parlamento. Al final, la Constitución tuvo la última palabra.