Una sentencia pone fin a la criminalización
Una redada policial en un bar, una alianza de activistas valientes y, al final, una sentencia histórica.
El 25 de noviembre de 1997, el Tribunal Constitucional de Ecuador declaró inconstitucional la prohibición de las relaciones entre personas del mismo sexo. Desde el siglo XIX se castigaban con cuatro a ocho años de prisión. Con una decisión unánime se cerró ese capítulo.
El camino hasta allí empezó con una noche de violencia. En junio de 1997, la policía irrumpió en Cuenca en el bar Abanicos, donde se coronaba a la primera Gay Queen de la ciudad. Los detenidos relataron después malos tratos, torturas y violencia sexual bajo custodia. Lo que pretendía ser intimidación tuvo el efecto contrario.
Por primera vez, grupos queer de todo el país se unieron. Llamaron a su alianza Triángulo Andino, en referencia deliberada al triángulo rosa de la época nazi. Para un recurso de inconstitucionalidad necesitaban mil firmas. Muchos gays y lesbianas temían ser reconocidos. Así que fueron sobre todo mujeres trans del grupo Coccinelle quienes se plantaron en plazas y ante universidades a recoger firmas. En Quito recorrió las calles la primera marcha de protesta queer del país. Al final había sobre la mesa unas mil cuatrocientas firmas.
La victoria tuvo un regusto amargo. El tribunal solo suprimió el primer párrafo del artículo penal y en su fundamentación siguió calificando la homosexualidad de «disfunción». Aun así se celebró, con una marcha espontánea por la capital.
El efecto llegó lejos. Solo un año después, Ecuador inscribió en su Constitución la protección contra la discriminación por orientación sexual, como uno de los primeros países del mundo. Desde 2019, las parejas del mismo sexo pueden casarse. Sin embargo, los informes sobre las llamadas clínicas de reeducación muestran que la vida cotidiana sigue yendo por detrás de las leyes.