El High Court despenaliza la homosexualidad

El 5 de julio de 2022, el High Court of Justice de Antigua y Barbuda declaró inconstitucionales las leyes penales coloniales contra el sexo consentido entre personas del mismo sexo. La Sexual Offences Act de 1995 castigaba la «buggery» con hasta 15 años de prisión y la «serious indecency» con hasta cinco. Ambos artículos, las secciones 12 y 15, procedían de la época colonial británica y afectaban de forma específica a las personas homosexuales.

El tribunal consideró que esas disposiciones vulneraban los derechos constitucionalmente garantizados a la libertad, la protección de la ley, la libertad de expresión, la intimidad y la protección contra la discriminación. Notable: la protección constitucional contra la discriminación por razón de sexo abarcaba también la identidad de género, las características sexuales y la orientación sexual. La sentencia amplió así claramente la protección contra la discriminación de las personas LGBT.

Habían demandado el activista gay Orden David, que trabaja como asesor de VIH en el Ministerio de Sanidad, y la organización Women Against Rape. Argumentaban que la criminalización creaba un ambiente hostil en el sistema sanitario y alejaba a las personas afectadas de las pruebas y el tratamiento del VIH. Orden David había descrito ante el tribunal cómo fue acosado por su orientación sexual y cómo la policía se negó a perseguir las agresiones.

Antigua y Barbuda se convirtió así en el tercer país del Caribe en despenalizar la homosexualidad por vía judicial, después de Belice en 2016 y Trinidad y Tobago en 2018. En el momento de la sentencia, prohibiciones comparables seguían vigentes en otros ocho Estados caribeños. El caso formaba parte de una estrategia judicial regional de la Eastern Caribbean Alliance for Diversity and Equality, que impulsó en paralelo procesos en Barbados, Granada, San Cristóbal y Nieves y Santa Lucía.