Un tribunal vuelve a castigar el sexo gay

El 25 de marzo de 2025, el Tribunal de Apelación de Trinidad y Tobago dictó una sentencia que conmocionó a la comunidad queer del Caribe. Por dos votos contra uno anuló una decisión celebrada casi siete años antes como un hito. El sexo consentido entre hombres volvía así a ser delito.

El caso lo había impulsado Jason Jones. El activista es de Trinidad, pero vive desde los años noventa en Gran Bretaña porque en su país sufrió violencia y exclusión. Demandó contra dos disposiciones del derecho penal sexual de 1986 que castigaban el sexo anal y la llamada indecencia grave. En abril de 2018, el High Court de Puerto España le dio la razón y declaró inconstitucionales los artículos. El fiscal general recurrió la decisión.

El tribunal de apelación se apoyó ahora en una cláusula de salvaguarda de la Constitución. Protege de la revisión judicial las leyes que ya estaban vigentes antes de su entrada en vigor. La mayoría consideró que la ley de 1986 era en esencia una versión endurecida de antiguas disposiciones coloniales de 1925. Por eso vuelven a regir esas viejas normas, con penas más leves: un máximo de cinco años de prisión en lugar de veinticinco. Lo paradójico: la prohibición ya solo afecta a los hombres, porque el derecho colonial no incluía a las mujeres. Solo el Parlamento podría cambiarlo, afirmó el tribunal.

Jones reaccionó con amargura. La sentencia lo convertía de nuevo en un delincuente a ojos de la ley, escribió. Al mismo tiempo anunció que acudiría a Londres. Porque precisamente el Privy Council británico sigue siendo la última instancia del Estado insular. En julio de 2026, cinco jueces examinaron allí el caso.

Su importancia va mucho más allá de Trinidad. Cláusulas similares figuran en varias constituciones de la región. Las leyes apenas se aplican, pero los y las activistas subrayan que alimentan un clima en el que prosperan la exclusión y la violencia.